Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá ingresar a las universidades del país cuando se registren hechos de violencia, vandalismo o terrorismo. La decisión fue comunicada durante una alocución difundida en sus redes sociales.
El mandatario sostuvo que la autonomía universitaria no excluye la aplicación de las normas de orden público ni convierte a los campus en espacios ajenos a la Constitución, la ley o la autoridad estatal. Su declaración abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la autonomía académica y la intervención de las fuerzas de seguridad.
Un protocolo para diferenciar las protestas
De la Espriella adelantó además la creación de un protocolo nacional destinado a distinguir las manifestaciones pacíficas de aquellas situaciones que impliquen violencia, delitos en flagrancia, peligro para terceros o alteraciones extraordinarias del orden público.
El Gobierno afirmó que garantizará el derecho a protestar cuando las movilizaciones se desarrollen dentro del marco constitucional y legal. Sin embargo, el presidente advirtió que los ataques contra agentes de seguridad o civiles, la destrucción de infraestructura y las acciones calificadas como terrorismo urbano o vandalismo no podrán ser considerados expresiones legítimas de protesta.
Según el anuncio, la Policía será la primera autoridad operativa encargada de responder ante estos escenarios. También podría intervenir si dentro de las universidades se preparan actos violentos, se almacenan elementos destinados a ataques o se producen agresiones contra integrantes de la fuerza pública y la población civil.
Defensa de los estudiantes y advertencias
El presidente presentó la medida como una forma de proteger a los estudiantes que desean asistir a clases, debatir y manifestarse sin violencia. A la vez, afirmó que las personas que utilicen los campus para organizar ataques o refugiarse después de cometer actos vandálicos deberán responder ante las autoridades.
La decisión se conoce en un contexto de históricos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en universidades públicas de Colombia. En esos episodios se han registrado choques, daños materiales y suspensión de actividades académicas, aunque también reclamos estudiantiles vinculados con asuntos sociales, políticos y educativos.
De la Espriella concluyó que las universidades deben conservar su función como espacios de conocimiento, discusión y formación, y rechazó que sean utilizadas como refugios para acciones violentas. El alcance concreto del protocolo y las condiciones para permitir el ingreso policial deberán definirse en las disposiciones que adopte el Gobierno.