Petro considera la crisis del Catatumbo un «fracaso de la nación» colombiana y ya son 32.000 los desplazados

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes que la crisis que vive la región del Catatumbo, donde la violencia entre guerrillas deja más de 80 muertos, es una muestra del «fracaso de la nación» y supone «uno de los hechos más dramáticos» de la histórica contemporánea del país.

«La situación del Catatumbo enseña (…) uno aprende también de los fracasos y allí hay un fracaso de la nación», expresó Petro en el acto de presentación de la Línea Anticorrupción 157, en el que agregó: «Este puede ser uno de los hechos más dramáticos (…) de la historia contemporánea».

La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de «la situación de riesgo» para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.

Desde el pasado jueves, día en que la guerrilla el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.

Ascienden a 32.000 los desplazados en el noreste de Colombia

El número de desplazados por la violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo, ascendió este martes a 32.000 tras seis días de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC.

Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.

Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016. EFE

Petro cuestiona fortaleza del ELN

Petro aseguró que el ELN reforzó su presencia en el Catatumbo con guerrilleros que se desplazaron desde el departamento de Arauca y cuestionó que las autoridades militares y policiales no tuvieran «algún tipo de información» al respecto, pues dice que fue un movimiento grande.

«¿Por qué el ELN hoy, a pocos meses de ser muy débil militarmente hablando, es fuerte? Eso tiene unas respuestas que deberíamos ahondar», se cuestionó Petro, que acusó a esa guerrilla de cambiar «revolución por codicia».

Sobre las cifras de víctimas mortales y desplazados, el presidente dijo que hay «más rumor que datos, y que el Gobierno aún no tiene «los datos concretos de cuántas personas han muerto», pues «32 es lo que aparece en las morgues».

«Todos sabemos que aún no se llega a muchos sitios», añadió.

Por ahora, el Ejército se ha centrado en la distribución de ayuda humanitaria y el rescate de algunos líderes sociales perseguidos por el ELN, mientras que Petro suspendió los diálogos de paz con esa guerrilla y anunció ayer la declaración del estado de conmoción interior y la emergencia económica, medidas de alcance y efectividad cuestionadas.

Guterres, «muy preocupado» por violencia, exige cese de asesinato de civiles

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse «muy preocupado» por la violencia en la región colombiana de Catacumbo, donde los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC han dejado ya más de 80 muertos.

En el mensaje transmitido por la oficina de su portavoz, Guterres exige que cese el asesinato de civiles, entre los que se cuentan firmantes del acuerdo de paz de 2016, defensores de derechos humanos y líderes cívicos, y lamenta además el desplazamiento de miles de civiles por los enfrentamientos armados.

El secretario general da a entender que parte de la responsabilidad le compete al Gobierno, pues reitera «la importancia de la aplicación completa del Acuerdo de Paz» de 2016, en alusión a las críticas vertidas por el retraso en cuestiones como el reparto de tierras y la justicia transicional.