San José.- El Gobierno de Nicaragua ignoró la crisis social y política que vive el país desde abril de 2018 en un informe presentado rumbo al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU que se llevará a cabo en noviembre próximo, denunció este martes la denominada Coalición Nicaragua Lucha.
En una declaración, los organismos que integran la Coalición, entre ellos la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, lamentaron además que ese informe fue elaborado sin consultar a la sociedad civil y a la ciudadanía nicaragüense, y que el mismo omite las principales recomendaciones realizadas por el mecanismo en su tercer ciclo en 2019.
«El informe nacional presenta información poco creíble, no verificable, y contraria a todos los reportes internacionales realizados hasta ahora que denuncian crímenes de lesa humanidad en el país, lo que consolida la impunidad», señaló esa Coalición.
La omisión de actores fundamentales de la sociedad civil evidencia la poca legitimidad de los cada vez menos reportes que Nicaragua presenta en cumplimiento a sus compromisos internacionales, agregó.
Esa Coalición, conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios de periodistas independientes, grupos de víctimas, movimientos sociales y familias afectadas por la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, aseguró también que «no existe acceso a información pública confiable para la verificación y seguimiento de lo que sucede en el país».
Esa problemática se ha exacerbado «por la persecución que se traduce en el hostigamiento y amedrentamiento a defensores de derechos humanos, tras el cierre masivo de organizaciones y medios de comunicación que trabajan en monitoreo, rendición de cuentas y transparencia», indicó.
«Ello sumió en el oscurantismo a Nicaragua, convirtiendo al país en una zona silenciada por el terrorismo de Estado», añadió.
Gobierno alega «distorsión de la realidad»
Esa Coalición explicó que en 2019, en su tercer ciclo, el mecanismo de evaluación de DDHH de la ONU dio 259 recomendaciones a Nicaragua.
«De ellas, el régimen autoritario de Daniel Ortega solamente aceptó 135 y rechazó el resto alegando ‘distorsión de la realidad’», recordó.
En 2024, el informe nacional ignora las principales recomendaciones con respecto a la apertura al escrutinio internacional, la liberación de personas presas políticas, la investigación y reparación de las personas asesinadas en 2018, y el llamado a elecciones justas e independientes, entre otras, mencionó ese grupo de organismos.
Además, oculta información sobre la grave situación en la que se encuentran los pueblos indígenas y afrodescendientes tras los ataques permanentes de colonos y las concesiones mineras de sus tierras, producido por la falta de saneamiento, sumado a la discriminación histórica y estructural en la que viven desde hace cientos de años, argumentó.
Asimismo, esos organismos observaron que el informe oficial de Nicaragua menciona la palabra «justicia» tres veces en todo el reporte de 20 páginas.
«Recordamos que son alrededor de 350 asesinatos que sucedieron por la violencia de fuerzas estatales que continúan en total impunidad, casi un millón de exiliados, entre ellos activistas políticos, defensores de derechos, comunidades indígenas, periodistas y religiosos y laicos, entre otros», anotaron.
Por otro lado, contradijeron al Estado de Nicaragua, que aseguró en su informe que en el país existe «paz» y «estabilidad nacional”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».