Ginebra.- El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU expresó este lunes su “profunda preocupación” por Nicaragua por la enmienda a la Constitución nicaragüense aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional, ya que otorga al Gobierno de Daniel Ortega “un poder prácticamente ilimitado sobre la población”.
La enmienda, que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidenta Rosario Murillo (esposa de Ortega) al de “copresidenta” y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa, “parece tener como objetivo legalizar y consolidar un control sobre el poder sin restricciones”, señalaron.
Por otro lado, la reforma aparentemente quiere formalizar la disolución de facto de la separación entre los distintos poderes del Estado, aseguró en el mismo comunicado el jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos.
La reforma de Ortega en Nicaragua
Esta reforma, la duodécima desde que Ortega regresó a la presidencia del país en 2007, también establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y permite la intervención del ejército en la acción policial interna si así lo solicita el Gobierno.
Ante ello, el grupo de expertos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que inste al Gobierno nicaragüense a restablecer inmediatamente la separación de poderes y otros principios democráticos, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales.
La uruguaya Ariela Peralta y el húngaro Reed Bródy completan este grupo de expertos, que desde su creación en 2022 investiga violaciones de derechos humanos en Nicaragua y ha emitido varios informes denunciando los abusos del régimen de Ortega.
Violaciones de derechos humanos
En el último de ellos, publicado el pasado 8 de noviembre, los expertos denunciaron que el Gobierno nicaragüense ataca de manera sistemática al sector universitario del país, con violaciones de derechos humanos que en algunos casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Aquel documento mencionó graves abusos tales como asesinatos de estudiantes durante las protestas de 2018, torturas a líderes estudiantiles como Lesther Alemán, Max Jerez o Yubrank Suazo, así como deportaciones de universitarios.