El CNE de Colombia presenta cargos contra la campaña de Petro, quien lo califica de golpe de Estado

Bogotá.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió este martes “abrir investigación y formular cargos a la campaña” del presidente Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades, informó el presidente de ese organismo, César Lorduy.

El CNE considera que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

La decisión del CNE está en línea con la ponencia que pedía formular cargos a la campaña del presidente Petro por presunta violación de los límites de gasto.

¿A quién afecta la investigación?

Según el comunicado leído por Lorduy, la Sala Plena del CNE “decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores”.

Igualmente afecta al Movimiento Político Colombia Humana, al que pertenece Petro, y al partido político de izquierdas Unión Patriótica.

“En este orden, al candidato, gerente de campaña, tesorera y auditores se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares de hoy)”, agregó el CNE.

Dudas sobre los alcances de la medida

La decisión del CNE no deja claro el grado de responsabilidad de Petro en las presuntas irregularidades electorales ni si los cargos son formulados a nombre propio o como parte del equipo de campaña.

Minutos después de conocer la decisión del CNE, Petro aseguró en su cuenta de X que “ha comenzado el golpe de Estado”, una teoría que maneja desde hace meses para argumentar que ese organismo no puede investigar al presidente de la república, cuyo juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), del partido Polo Democrático Alternativo y de la Unión Sindical Obrera (USO), ni de gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.

Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también “el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)”.

Este dinero supuestamente salió de donaciones nuevamente del partido Colombia Humana y de la USO y se presume que fue gastado en pagos de la fiesta de celebración de su elección presidencial, a testigos electorales y en transporte aéreo, entre otros.

Por último, el Consejo Nacional Electoral también indicó que formuló cargos al Movimiento Político Colombia Humana y a la Unión Patriótica por “presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación prohibidas”.

Esas fuentes supuestamente fueron personas jurídicas, en este caso los mismos sindicatos de Fecode y la USO, así como la empresa Ingenial Media SAS.

Petro responde a la investigación del CNE

Petro aseguró en su cuenta de X que “ha comenzado el golpe de Estado” tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de “abrir investigación y formular cargos a la campaña” del mandatario en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.

El presidente del CNE, César Lorduy, anunció la resolución al considerar que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas.