São Paulo.- Miles de personas ocuparon este martes distintas calles a lo largo de todo Brasil para “proteger la democracia” y pedir el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro y de todos los involucrados en la trama golpista que planeaba envenenar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su asunción.
El principal sindicato de Brasil, la Central Única de los Trabajadores (CUT) fue el encargado de llevar adelante, junto a organizaciones sociales, una serie de protestas para cerrar el año en más de 20 estados del país bajo el lema ‘Sin amnistía para los golpistas’, una bandera que tomó fuerza en el debate público a partir del 8 de enero de 2023, día en el que manifestantes de la derecha irrumpieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
A pesar de que se esperaba una baja adhesión debido al mal clima, el frente del Museo de Arte de São Paulo (MASP) se llenó de pancartas pidiendo prisión para Bolsonaro, uno de los 37 señalados por la Policía Federal en la causa del golpe de estado conocida en noviembre de este año.
Pruebas “muy claras” contra Bolsonaro en la trama golpista en Brasil
Mientras tanto, el presidente del sindicato de la construcción de Guarulhos, Marcelo Ferreira, afirmó que las pruebas contra el actual líder de la derecha brasileña “son muy claras”, “abrumadoras” y “extremadamente graves”.
Coincidió Hugo Fantom, militante de la Central de Movimientos Populares, una de las organizaciones que adhirió a la marcha, quien además dijo a EFE que “sin presión popular” es “difícil” que Bolsonaro “pague por los crímenes que ha cometido”.
“Hoy estamos demostrando en las calles de todo el país que el pueblo brasileño no aceptará otro golpe, no acepta los crímenes que Bolsonaro ha cometido y exige su encarcelamiento”, dijo el profesor de 40 años.
La causa está en manos de la justicia
Tras haber sido señalado por la Policía de poseer “pleno conocimiento” del plan para asesinar a Lula, Bolsonaro admitió en una entrevista al portal brasileño UOL haber estudiado la posibilidad de aprobar un decreto para ordenar una intervención militar en 2022, aunque alegó que la medida no se puso en práctica y que estaría amparada en la Constitución.
Actualmente, la causa se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, quien deberá evaluar las pruebas presentadas y definir si solicita más información a la Policía, lo que demoraría el proceso, o si formaliza la denuncia contra los acusados.