Buenos Aires.- La ley sobre Malvinas que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso propone endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales sin autorización en las islas y sus espacios marítimos adyacentes. El proyecto también plantea cambios en defensa, seguridad nacional, financiamiento electoral y lucha contra el terrorismo.
La iniciativa establece que las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las áreas marítimas e insulares correspondientes integran el territorio argentino. Además, ratifica como objetivo permanente del Estado la recuperación de la soberanía sobre esos territorios, bajo administración británica desde 1833.
Más penas para la explotación de recursos
El texto reemplaza la normativa vigente desde 2011 sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Para la exploración, eleva las penas de prisión de un rango de entre cinco y diez años a otro de entre 12 y 15 años. En los casos de extracción, transporte y almacenamiento, las condenas pasarían de entre diez y 15 años a entre 15 y 20 años.
Las multas también aumentarían y se calcularían en barriles de petróleo. Para la exploración, pasarían de entre 20.000 y 100.000 barriles a entre 40.000 y 200.000. En la extracción, el máximo subiría de 1,5 millones a tres millones de barriles. Los proveedores de bienes o servicios esenciales para esas operaciones podrían recibir penas de cinco a siete años y quedar inhabilitados.
El régimen alcanzaría además la explotación no autorizada de petróleo, gas, pesca y otros recursos renovables y no renovables en las islas, los espacios circundantes y la plataforma continental. Las sanciones incluirían multas de entre 4.000 y 500.000 barriles, la cancelación de permisos y una inhabilitación comercial de cinco a 20 años.
Un nuevo esquema de seguridad
El proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un consejo encabezado por el presidente. Ante un riesgo grave, ese organismo podría restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos y elevar hasta el 75 % los derechos de importación y exportación aplicados al Estado extranjero involucrado.
La propuesta también refuerza la vigilancia aeroespacial, marítima y cibernética. Incluye procedimientos para identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles, además de reglas para detener e inspeccionar buques, con disparos de advertencia y medidas para inutilizarlos como último recurso.
En materia electoral, busca impedir el financiamiento extranjero de campañas y crea delitos vinculados con desinformación masiva, operaciones clandestinas de inteligencia y transmisión de secretos. Asimismo, amplía el registro oficial de personas y entidades relacionadas con terrorismo y establece penas de hasta 15 años para quienes brinden apoyo material deliberado a organizaciones de ese tipo.